LA ASOCIACIÓN POR UN IBI REAL CONSIDERA QUE LOS 13,4 MILLONES DE EUROS COMO CONSECUENCIA DE LA NULIDAD DEL PGOU 2016 Y DE LAS SENTENCIAS DEL PINAR DE HIERRO NO DEBEN PAGARLOS LOS CHICLANEROS SINO ROMAN Y EL ARQUITECTO FUSTEGUERAS.
Los colegios de arquitecto, disponen de una póliza de seguros de responsabilidad civil para cubrir las negligencias cometidas por sus colegiados.
Entiende esta entidad social, que dicho acuerdo de solicitar un crédito por importe de 13,4 millones de euros para cubrir los pagos de dos sentencias recaídas en el Pinar de Hierro como consecuencia de la nulidad del PGOU 2016, afectará gravemente al bolsillo de los contribuyentes de Chiclana, por cuanto que el préstamo solicitado de 13,4 millones por el Instituto de Créditos Oficial (ICO) a largo plazo (10 años) va a suponer tener que abonar solo en intereses 6, 5 millones de euros, haciendo un total de 20 millones de euros a abonar al banco durante 10 años, esto aumentará más la ya insoportable presión fiscal que padecemos los vecinos de Chiclana e incluso pone en grave riesgo e hipoteca el futuro de las próximas tres Corporaciones.
Estamos de acuerdo con el Partido Popular en su posición coherente de no apoyar con su voto el seguir endeudando aún más nuestro ayuntamiento, mientras haya responsables claros de este desastre, con incluso una póliza de seguro, que pueden y deben hacerse cargo íntegramente de dicha responsabilidad millonaria. Conviene recordar a los chiclaneros que, si el endeudamiento por habitante en el año 2023 era de 757,43 euros, con este préstamo se va a incrementar en otros 1893,47 euros, llegando por lo tanto a un endeudamiento disparatado por habitante en el próximo ejercicio de 2650,90 euros.
En cualquier caso exigimos a la Corporación Municipal, e instamos a los partidos de la oposición a que propongan, la celebración urgente de un Pleno Extraordinario en que se acuerde reclamar, administrativa o judicialmente, las correspondientes responsabilidades al Sr. Fustegueras, arquitecto redactor del PGOU 2016 que ha sido anulado por Sentencia firme del Tribunal Supremo, y acarreado consecuencias tan negativas como es tener que abonar estos desorbitados 13,4 millones de euros, más cuantiosas costas de los procedimientos judiciales, de las que el equipo de gobierno sigue sin informar, así como sus intereses y costas.
Igualmente, exigimos la dimisión del alcalde como director del equipo técnico de dicho PGOU 2016.