Los afectados por el IBI estudian medidas judiciales contra el Ayuntamiento
‘Por un IBI Real’ iniciará movilizaciones y reclamaciones para exigir la devolución de los impuestos, tras la sentencia del Tribunal Supremo
Ni más ni menos que una sentencia favorable y que crea jurisprudencia es la baza moral y legal que piensan jugar los afectados en la localidad por Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI) en suelos no urbanos. Los vecinos de la asociación ‘Por un IBI Real’ están en pie de guerra y con la intención de «llegar hasta donde haga falta». Y ese extremo pasa por los tribunales.
De hecho, ya estudian medidas judiciales contra el Ayuntamiento después de una sentencia del Tribunal Supremo que establece «no se aplicará el Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbano a terrenos no urbanizados, aunque tengan la categoría de urbanizables». Es la portavoz de la entidad, Milagros Fernández la que se muestra contundente: «Nuestros abogados ya tienen la documentación de varias familias interesadas en tomar medidas judiciales». La asociación reclama que el Ayuntamiento pase a aplicar de inmediato esta sentencia «que crea jurisprudencia» y que implicaría el ajuste inmediato del IBI y del valor catastral de las fincas en suelos urbanizables como suelos no urbanos y «la devolución de oficio de lo cobrado de más», sentencia rotunda Fernández.
Por todo ello, ‘Por un IBI Real’ ya iniciado contactos con otras entidades como la Plataforma de Afectados por la Regularización y con entidades vecinales para aunar fuerzas e iniciar una campaña de movilizaciones, protestas y reclamaciones en el Consistorio. Así, su intención es instalar mesas informativas en distintos puntos de la ciudad para hacer llegar a los vecinos sus derechos y «animarles a que reclamen para que se ajuste la ponencia de valores de forma total (el Ayuntamiento ya hizo un ajuste parcial que implicó una bajada) y que se devuelva el IBI cobrado hasta la fecha».
A juicio de Fernández se hace «urgente» que el Ayuntamiento se pronuncie sobre la nueva situación originada tras la sentencia y, por ello, le pide «valentía política para que haga como otros ayuntamientos españoles de su mismo partido (PP) que ya han devuelto a los contribuyentes el IBI cobrado de más». En este sentido, a sabiendas de que «esta sentencia le va a hacer daño a las arcas municipales», Fernández se muestra comprensiva con el método: «Puede ser por medio de bonificaciones o en varios años, deben hacerlo». Por ello, pide al consistorio que no cree situaciones de desigualdad que hagan que «solo los vecinos capaces de iniciar medidas legales contra el Ayuntamiento sean los que reciban la devolución del dinero, sino que lo hagan para todos aquellos que estén afectados por esta situación», recalca.
En este sentido, se estima que de los más de 56.000 vecinos que son contribuyentes en la localidad chiclanera, «se vería afectado el 50%». A falta de que el pronunciamiento municipal, «más de medio centenar de vecinos» se han mostrado interesados en tomar medidas legales y ya han enviado documentación al abogado especializado en urbanismo Pablo Calderón que colabora con la asociación. En cualquier caso, la portavoz se muestra confiada en que el Consistorio tome una medida de oficio que evite una cascada de denuncias para recuperar los impuestos cobrados de más desde el año 2008, cuando se aprobó la actual ponencia de valores. Todo ello cuando, desde la asociación, se considera que «dicha ponencia no debe estar activa ya que procede de un PGOU (el de 2011) que finalmente fue anulado». Y en este sentido Fernández deja claro que la modificación total de la ponencia y la devolución del dinero es una cuestión de «obligación moral»: «Espero que no planteen una actitud de ‘o me llevas al juzgado o no tienes derecho’ y devuelvan lo que es nuestro».
