El Gobierno prepara un ‘catastrazo’ que afectará a 1.200 ayuntamientos
El Ministerio de Hacienda ya tiene la lista de los ayuntamientos que efectuarán una revisión catastral de inmuebles urbanos en 2019. Son cerca de 1.200 consistorios, el equivalente al 15% del total. Así lo recoge una Orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado, en el que se anticipa, sin embargo, que los coeficientes de actualización deberán establecerse en la Ley de Presupuestos del próximo año, que el Gobierno aún no ha presentado.
Por tanto, pese a no tener aún cuentas anuales y ante la amenaza de que, cuando las haya, quizás tengan que acomodarse a la senda de déficit público más restrictiva heredada del anterior Gobierno del PP, el ministerio que dirige María Jesús Montero ha publicado la orden preceptiva prevista en la Ley para aplicar posibles subidas catastrales que repercutirán en una alteración de la recaudación de los ayuntamientos por la vía de tributos como Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Entre los ayuntamientos afectados se encuentran Badalona (Barcelona), Cádiz, Santander, Guadalajara, Avilés (Asturias), Granada, Huesca, Lorca (Murcia), Coslada (Madrid), Las Rozas (Madrid) o Valencia.
Aquí puedes consultar los municipios afectados
Las cuentas anuales del Estado para 2019 son una incógnita con lo que está por ver cómo se instrumentará esta revisión catastral.
Además, en virtud del coeficiente que se aplique, el valor catastral de los inmuebles puede revisarse al alza o a la baja. La razón es que los coeficientes se fijan en función del año de entrada en vigor de la última ponencia de valores del municipio, que básicamente es el documento en el que se recogen los criterios con los que se han llevado a cabo las últimas valoraciones en el territorio.
Actualmente, el precio del metro cuadrado de la vivienda libre se sitúa en 1.587.9 euros, el valor más alto desde el segundo trimestre de 2012, según datos del Ministerio de Fomento, que toma como referencias los valores de tasación.
Desde este punto de vista, en términos generales, las viviendas valoradas desde ese momento habrían aumentado su valor, mientras que en aquellas cuyo precio data de entre 2008 y 2012, habría descendido. Atendiendo al año de entrada en vigor de la ponencia de valores, alrededor de un tercio de los municipios recogidos en este último listado pertenecerían a este último grupo.
Atendiendo a la revisión de coeficientes efectuada en diciembre del pasado año, el valor se revisó entonces al alza en 1.296 municipios españoles, mientras que bajó en 534 localidades. De los 1.296 municipios, aquellos que revisaron por última vez el catastro antes de 2004 vieron incrementada la valoración de las viviendas, con un coeficiente que varió entre el 1,08 para los anteriores a 1991 y del 1,03 para los que lo hicieron entre 2001 y 2003. Por el contrario, los 534 municipios que actualizaron por última vez el catastro entre 2005 y 2012, en plena burbuja inmobiliaria, vieron reducido el valor de los inmuebles, informa Efe.
Cae el número de revisiones
El valor catastral de una vivienda es la referencia sobre la que se tributa a nivel municipal por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), una de las principales fuentes de financiación de los ayuntamientos.
De esta forma, a menos que los ayuntamientos decidan introducir cambios en el impuesto, bonificaciones o exenciones, una subida del valor catastral de los inmuebles puede suponer una mayor carga para el bolsillo de los ciudadanos y, en paralelo, más ingresos para los municipios.
Para poder llevar a cabo esta revisión, los municipios interesados realizan una solicitud cada año para aplicar los coeficientes que se fijen. Para ello, deben cumplir tres supuestos: haber transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales resultantes de la última valoración, que existan diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para determinar dichos valores catastrales, y que el ayuntamiento efectúe la solicitud antes del 31 de mayo.
Cumpliendo estos criterios, los municipios que han solicitado una revisión catastral para el año que viene alcanza los casi 1.200, lo que supone una cifra un 14% inferior a la registrada en la misma orden el pasado año. Además, la cifra es prácticamente la mitad que la de 2017, cuando hasta un tercio del total de municipios, unos 2.500, procedieron a aplicar los nuevos coeficientes.
Además, dentro de este ‘catastrazo’ también se incluirá la aplicación de oficio de coeficientes a los municipios beneficiados por el decreto contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros de 2013, que les permitía fraccionar en hasta 10 años sus deudas en ejecución con la Seguridad Social y Hacienda.
También se prevé la aplicación de oficio de estos coeficientes a los ayuntamientos acogidos al Fondo de Ordenación, con el que el Estado atiende el vencimiento de sus préstamos a largo plazo, también los correspondientes al mecanismo de financiación de pago a proveedores y la anualidad correspondiente a las liquidaciones negativas de su participación en los tributos del Estado.
En ambos casos, debe tratarse de municipios que hayan realizado la última valoración de carácter general antes del año 2003.
Tras atajar la picaresca
Esta nueva revisión masiva de valores catastrales tiene lugar después de que se hayan conocido este año los resultados del Plan de Regularización Catastral (PRC) iniciado por el Ministerio de Hacienda en 2013 para aflorar inmuebles y las alteraciones practicadas en los mismos que aún no tenían reflejo en el Catastro. El balance es que fue una herramienta recaudatoria especialmente potente y rentable en 2017.
Solo el pasado año se regularizaron casi un millón de construcciones, lo que dio lugar a un incremento masivo de valores catastrales que se tradujo, a su vez, en una jugosa factura a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del IRPF de cerca de 700 millones de euros.
La motivación del plan era acabar con prácticas evidentes de fraude fiscal a lo largo y ancho del territorio nacional, con la excepción del País Vasco y Navarra, donde no se ha desarrollado por cuestiones competenciales. De esta forma, se adecuarían los valores catastrales a la realidad y, con ellos, la tributación que recae sobre inmuebles urbanos y rústicos.
A modo de ejemplo, se trataba de detectar no solo de nuevas construcciones no afloradas, sino también ampliaciones viviendas, reformas, cambios de uso o la construcción de piscinas, que suponen incrementos en la valoración final del inmueble y, por ello, mayor tributación por impuestos como el IBI o la ahora cuestionada plusvalía municipal.
