Un juzgado anula el acuerdo para municipalizar a 160 trabajadoras
El Juzgado Contencioso Administrativo número uno de Cádiz ha dictado una sentencia por la cual anula el acuerdo plenario del pasado 27 de marzo de 2017 referente a la municipalización de 160 trabajadoras de los servicios de limpieza de edificios municipales y de ayuda a domicilio.
La resolución judicial fue dada a conocer ayer por el PP, agrupación que calificó este asunto de «extrema gravedad» al asegurar que el Gobierno municipal (PSOE-Ganemos) pone en peligro la continuidad en el trabajo de las 80 limpiadoras de limpieza y el mismo número de empleadas de ayuda a domicilio.
Cabe recordar que Subdelegación del Gobierno denunció en los juzgados el citado acuerdo plenario y ahora le ha dado la razón en una sentencia a la que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Para Andrés Núñez, concejal y alcaldable por el PP en Chiclana, «la Justicia tumba la municipalización de servicios, circunstancia que confirmar el engaño del alcalde José María Román (PSOE), cuestión sobre la que podemos decir aquello de que te lo dije, porque una y otra vez avisamos a Román y al PSOE de que incumplían la ley. Pero aquí parece que miran más el aplauso fácil y seguir manteniendo una red clientelar que el verdadero interés de la ciudadanía y, sobre todo en este caso, de las trabajadoras».Núñez subraya que la sentencia dice que Emsisa (empresa municipal que asumió a las trabajadoras) «no puede asumir el servicio de limpieza y de ayuda a domicilio porque no puede contratar a nadie y como no tiene personal propio que pueda desempeñarlo, anula el acuerdo».
Durante su intervención, el edil del PP se ha solidarizado con las trabajadoras afectadas. «Al fin y al cabo las trabajadoras lo que quieren es tener un empleo estable en oficios, además, muy pesados. No voy a hacer alusión a esos audios de una camarilla. Me voy a referir a la gran mayoría de las trabajadores y sus familias, que son las que sufren las consecuencias de la irresponsabilidad y las mentiras de José María Román».
En palabras del edil popular, «la municipalización se tumba porque se incumple la Ley de Presupuestos Generales del Estado, algo que desde el PP dijimos una y otra vez y que se quiso pasar por alto. La ley habla de cómo los ayuntamientos y las administraciones públicas podían contratar más personal. Es lo que se conoce como la tasa de reposición de efectivos, y que deja claro que no se puede contratar a nadie más allá de la reposición propiamente dicha».
Insistió en que la sentencia dice que «para la incorporación de personal debe atenderse a la tasa de reposición de efectivos de la norma, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que impone un límite del 100%. Es decir, poner los puestos que queden libres por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, etcétera. Es lo mismo e idéntico a lo que el PP dijo».
Además, acusó al alcalde de hacer «oídos sordos a los informes técnicos, a las advertencias del interventor y del secretario municipal, a las advertencias del PP de Chiclana, a los presupuesto generales del Estado y ahora culpará al PP. Es el nivel de José María Román, no da para más».
En esta línea, Núñez entiende que «un alcalde que tuviera, no ya dignidad, un mínimo de respeto y humildad, sino un mínimo de humanidad, después de meter en este lío a 180′ familias presentaría la dimisión y se iría de Chiclana. Pero él dirá que la culpa es del PP. El acta del pleno deja claro que coincide lo que dije con lo que ha sentenciado la Justicia». El Partido Popular confía en que «el alcalde dé las explicaciones oportunas y marque la hoja de ruta, que entendemos pasa por recurrir la sentencia de manera inmediata y sacar el pliego para volver a externalizar el servicio».
