La Asociación del IBI se hace eco de las últimas sentencias a su favor
La asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI Real se ha congratulado por lo que desde dicho colectivo se califica como «un nuevo varapalo que el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucia (TEARA) ha vuelto a dar a la Gerencia del Catastro de Cádiz en dos reclamaciones que fueron presentadas en septiembre 2014 y en enero 2015, una reclamaciones cuyas cuantías se cifran en 405.304, 80 euros».
En este sentido, desde la asociación recuerdan que «cuando se aprobó la ponencia total para el año 2008, hubo reclamaciones, protestas y manifestaciones sin consecuencia práctica, salvo para aquellos que litigamos, es a lo que nos estamos teniendo que acostumbrar los ciudadanos, y a que nuestras relaciones con la Gerencia del Catastro de Cádiz no son colaborativas, no hay participación, no se nos ayuda, no se nos asiste, los papeles priman sobre la realidad inmobiliaria».
Asimismo, sostienen que «esta asociación mantiene dos líneas de trabajo, una, la de concienciar a los vecinos de Chiclana de que estamos recibiendo un trato fiscal injusto, y otra más lenta, pero a la larga eficaz, la de reclamar ante los órganos competentes, concretamente en la actualidad estamos instando ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEC) con sede en Madrid».
La asociación también recuerda que en su día, «alentamos a varios millares de contribuyentes a instar devoluciones, que fueron denegadas por silencio tras una afirmación escrita de la Gerencia del Catastro de Cádiz al Ayuntamiento, donde decían que no había que devolver ni un euro. Ahora vemos que fue una información falsa, pero fue la coartada para denegar por silencio, muy en línea con lo que nos tiene acostumbrado el gerente territorial del Catastro de Cádiz, Miguel Gómez».
Potr todo ello, desde el colectivo se anuncia que van a iniciar una campaña para que los vecinos formulen reclamaciones para las revisiones de sus valores catastrales individualmente, «para ello difundiremos un modelo estándar. Asimismo, también es el momento de revisar los indivisos, pues hay contribuyentes que están pagando construcciones que ni usa ni son suyas, y tampoco se individualizan pese al artículo 400 del código civil, y el artículo 6. apartado 2 de la Ley 15/2015, y como lo ordenan numerosas sentencias, se tiene que pagar por lo que se posee y no por lo que disfrutan otros».
«Hasta la fecha -continúan haciendo hincapié- el TEARA ha emitido numerosos fallos en favor de reclamaciones de contribuyentes de Chiclana, llevadas a cabo por esta asociación y por sus bufetes colaboradores, y dejan acreditados, según resuelve y asume su propio texto que ‘en la elaboración de la ponencia parcial se ha obviado los plazos para que los interesados puedan ejercer sus derechos de participación y defensa, no consta el plazo empleado para su elaboración, faltan diversos informes municipales, falta un estudio de mercado, planimetría adecuada y memoria insuficiente y se basa en una ponencia de valores total que ha sido declarada nula por la Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en sentencia del 11 de septiembre de 2011,en Recurso 680/2011». «El fallo estima nuestras reclamaciones, solo para el reclamante, y ordena a la Gerencia del Catastro a una nueva valoración catastral del inmueble, donde se deben aplicar los módulos anteriores al año 2007», especifican desde la asociación.
Por otra parte, el colectivo reitera las denuncias sobre la postura del gerente del Catastro de Cádiz, afrimando que «no cumple con la ley, especialmente con la Ley de Procedimiento Administrativo a la hora de resolver. No facilita la audiencia a los interesados, ni la mejora de solicitud, ni la práctica de pruebas, recursos». «El gerente del Catastro de Cádiz -continúa acusando la asociación- no acata las sentencias de los tribunales que declaran nulas las ponencias, ni rectifica, y no sabemos qué interés o razón concreta le mueve a ello, pero lo que sí parece claro es que, contra viento y marea, contra toda razón, contra toda sentencia, mantiene la defensa de un trabajo que nosotros, apoyados ya por el tribunal, calificamos de poco racional».