La asociación del IBI recurre los presupuestos por «incumplimientos»
El colectivo alega que las cuentas municipales contravienen la normativa vigente
La Asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI Real presentó el pasado 28 de diciembre por Registro General de Entrada en el Ayuntamiento, según aseguran, dentro de los plazos establecidos para ello, recurso de alegaciones al Presupuesto General Municipal 2018 aprobado provisionalmente en el salón de plenos el 4 de diciembre, y siendo publicado en el BOP el 11 de diciembre.
En este sentido, desde dicho colectivo aseguran sentirse «obligados a denunciar una vez más cuestiones de primer orden en cuanto a incumplimientos originados por el Gobierno local (PSOE/Ganemos), sobre infracciones por parte de la Alcaldía de los principios básicos de transparencia y participación». «Una ciudadanía informada -continúan afirmando- es una ciudadanía activa. Pero la desinformación, la complejidad y la opacidad del destino de 93.357.458 millones de euros para 2018, dinero que pertenece al conjunto de los chiclaneros, por un lado, y la irresponsabilidad, por otro, nos conduce a la desafección política».
En esta línea, argumentan que «cuando José María Román, alcalde de la ciudad, y su equipo de gobierno esquivan el derecho a la transparencia y la participación de la ciudadanía, para que casi 85.000 personas en un municipio desconozcan qué van a votar 25 en un salón de plenos, la única cultura que se propaga y se potencia en el Consistorio es la del oscurantismo, en contraposición según lo establecido en la Carta Magna».
En este orden, desde la asociación también alegan supuestos incumplimientos hacia el capítulo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y manifiestan que «nos preocupa, y mucho, que entre los ingresos para 2018, provenientes del Estado Central (PIE), Comunidad Autónoma (PATRICA) y de los Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) y otros impuestos municipales, el Gobierno local destine partidas a financiar nuevos gastos y rehuya reducir el nivel de deuda pública, a sabiendas de que deben presentar equilibrio o superávit, sin que pueda incurrir en déficit estructural».
«Nos parece una autentica locura -denuncian- que el Gobierno municipal no haya tenido en cuenta en el presupuesto general de 2018 los preceptos indicados en la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para controlar el déficit público, garantizar la financiación adecuada del sector público y asegurar la seguridad a los inversores. Cuando, además, según dato reflejado en la propia web municipal, el plazo medio de pago a proveedores se incumple del mismo modo, pues ha aumentado desde enero de 2016 (92,96 días), hasta septiembre de 2017 (194,84 días), y ahí la Ley es clara al establecer que el plazo de pago a proveedores no puede superar los 60 días».
También destaca este colectivo en las alegaciones presentadas «la incapacidad absoluta del Gobierno local a la hora de reducir el nivel de endeudamiento de deuda viva, alejándose más cada año de los objetivos marcados de los diferentes planes existentes, como así vienen corroborándolo en sus recomendaciones en los distintos informes técnicos el propio interventor y la viceinterventora municipal. Incumplimientos de las medidas previstas, en materia de ingresos y gastos, en el Plan de Reducción de Deuda durante el ejercicio 2016 (cuya Liquidación presentó un endeudamiento por encima del 110% de los recursos existentes y remanente de Tesorería negativo de 16,63 millones de euros) y 2017, e incumplimiento en el Plan de Saneamiento Financiero».
En esta línea, la asociación recuerda que «en Chiclana la deuda se eleva a unos 20 millones de euros y el Ayuntamiento debe cumplir con el plan de saneamiento para paliar el déficit financiero que soporta. En diciembre de 2017, el Consistorio recibió la carta de Hacienda sobre el incumplimiento del pago a los proveedores, con el aviso de que, en caso de que no sean suficientes las medidas para pagar a los proveedores, retendría la aportación a través de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), que en Chiclana asciende a algo más de 1,3 millones de euros mensuales».
La asociación, por dichas razones, asegura que «no nos sorprendería en próximas fechas una intervención del Ministerio de Hacienda, si se continúa incumpliendo la Ley, como hasta la fecha se vienen haciendo». «Por ése y otros motivos, solicitamos al Gobierno municipal, y a la Corporación al completo, reinicie un nuevo expediente de Presupuesto General 2018, donde se tengan en cuenta las alegaciones y las advertencias de esta asociación», concluyen.
