La Defensora del Pueblo admite a trámite la queja de la asociación Por un IBI Real contra el Ayuntamiento chiclanero y el Catastro
La Defensora del Pueblo ha admitido la queja presentada en octubre por la asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI Real. En este sentido, ha solicitado tanto de la Gerencia del Catastro de Cádiz, como del Ayuntamiento que se le envíe la información de la ponencia de valores en cuestión con el fin de proceder a un estudio más profundo.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha admitido la queja presentada en octubre por la asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI Real. El adjunto primero de la oficina, Francisco Fernández, acaba de comunicar a esta entidad social que ha sido admitida la queja sobre la ponencia de valores que se viene realizando para la localidad.
En este sentido, la Defensora del Pueblo ha solicitado tanto de la Gerencia del Catastro de Cádiz, como del Ayuntamiento chiclanero que se le envíe la información de dicha ponencia de valores con el fin de proceder a un estudio más profundo sobre la cuestión suscitada.
En síntesis la queja presentada por esta asociación se basa en una solicitud de amparo y mediación de dicha institución “ante el oscurantismo, la indefensión, nepotismo y falta de transparencia” que los responsables tanto del Catastro de Cádiz como por parte del Consistorio venían haciendo hacia los contribuyentes del IBI y hacia esta entidad social durante el trámite de audiencia previa de la nueva ponencia de valores catastrales para Chiclana.
El siguiente paso será, una vez reciba respuesta la Defensora del Pueblo del gerente del Catastro como de la Alcaldía de Chiclana, el dictar la resolución que en el caso concreto procedan.
La asociación Por un IBI Real, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, dice acoger esta admisión de la queja presentada “con el deseo de que estas abusivas práctica de oscurantismo y falta de transparencia que se vienen dando hoy día tanto el Catastro como la Alcaldía de Chiclana hacia los contribuyentes se den por finalizadas, y se entre en una nueva etapa donde prime la transparencia en los asuntos públicos, así como, el que las administraciones estén al servicio de los ciudadanos, y no al contrario como si fuésemos súbditos de ellas”.
