LA ASOCIACIÓN INICIATIVA SOCIAL POR UNA CHICLANA Y UN IBI REAL PRESENTA UNA BATERIA DE ALEGACIONES CONTRA LA SUBIDA DE IMPUESTOS.
Román, debe ser destituido, por la deslealtad demostrada hacia la ciudadanía y al PSOE.
La asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI real, ha presentado alegaciones hacia el Expediente de Modificación de las Ordenanzas Fiscales números 2, 12 y 22, que fueron aprobadas provisionalmente en el pleno extraordinario el pasado día 15 de octubre.
Tras personarse miembros de la asociación en el periodo de información pública y examinar el expediente, la Junta Directiva aprobó presentar alegaciones contra las subidas en Impuestos y Tasas, alegando diversos motivos de índole social y económicos. Los más grave denuncian, ha sido y es la deslealtad de José María Román hacia los vecinos contribuyentes cumplidores de Chiclana, tras comprobar como no ha sido capaz de cumplir nada de los puntos acordados en el documento de compromisos electorales, ni en el Convenio de Colaboración firmados con la asociación.
Desde la asociación se pide públicamente al PSOE que aplique el código ético y destituya a José María Román por el daño que está haciendo a los chiclaneros y también a su partido. No se puede seguir asfixiando más la economía familiar con nuevas subidas injustificadas de impuestos como el IBI, en incrementarlo en ocho veces el IPC del pasado año que fue del 1,1%, sobre todo, cuando recientemente en 2017 hizo una subida temeraria del 19%, lo que significa que en tres años la presión fiscal en Chiclana ha aumentado cerca de un 30%.
Un alcalde que no cumple con su palabra, ni tampoco lo que firma, no es digno de continuar en el sillón de alcaldía y, exigimos al Comité Ejecutivo Local, Provincial y Regional del PSOE la necesidad de un cambio de rumbo en la alcaldía. El cambio en la alcaldía de una persona que sea honesta y leal con los chiclaneros. Los acuerdos que se firman se hacen para cumplirlos, y José María Román firmó en su día de unos compromisos electorales como candidato a la alcaldía y, posteriormente un Convenio de Colaboración ya como alcalde de la ciudad, de los cuales tras 4 años no ha cumplido ni un solo punto de lo acordado y firmado.
Durante la concentración convocada por la asociación en la plaza constitución (Ayuntamiento) el pasado 28 de octubre coincidiendo con el pleno ordinario que se celebraba, más de medio millar de ciudadanos alzaron sus voces pidiendo su dimisión. Los ciudadanos le recordaron a Román los acuerdos firmados sobre la revisión de los valores catastral que toda Chiclana espera se haga de sus viviendas, y que fue aprobado por unanimidad en el pleno extraordinario IBI celebrado el 28 de enero 2014.
En el texto de las alegaciones presentadas, la asociación vuelve a insistir en el descrédito que José María Román viene haciendo hacia nuestra Constitución Española y las leyes derivadas de ésta, tanto a nivel estatal, como autonómicas y europeas.
Que a José María Román no le gusta la Democracia es un hecho constatable por cualquier ciudadano. La nula disposición al diálogo con la ciudadanía, de consultas previas antes de tomar decisiones que a todos nos afectan, la no puesta en marcha de lo que dicta la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, el desprecio que viene haciendo hacia la Ley de Procedimiento Administrativo, a la Ley de Transparencia Estatal y Autonómica evidencian la gestión oscurantista y el desprecio hacia el sistema actual que vivimos de Democracia.
Desde la asociación, se vuelve a insistir en sus alegaciones presentadas, “que en lugar de subir impuestos lo que deben de hacer es ajustar y controlar los gastos, así como, el de reducir los sueldos del alcalde y de los concejales y de tomar medidas valientes como de eliminar la mitad de concejales liberados y esa gran cantidad de asesores de alcaldía amiguetes de Román”, esto aliviaría considerablemente esas cuantiosas partidas de gastos innecesarios.
La entidad social se opone a la propuesta de Román de incluir en la ordenanza fiscal nº 2 Reguladora de la Tasa por recogida y retirada de vehículos en la vía publica, el que se incluyan a las bicicletas y patinetes, alegando que son medios para la movilidad personal por los que se viene fomentando desde las Administraciones, asociaciones ecologistas, ONG y ciudadanía su uso para combatir el cambio climáticos dada su no emisión de CO2.La medida es claramente recaudatoria ya que la retirada por la grúa sea de bicicletas o patinetes suponen 40 euros de la grúa, más 2,5 euros del depósito diarios y la posterior sanción, lo cual nos parece descabellada esta propuesta.
Igualmente, y en relación con la propuesta de modificación de las tarifas de los precios públicos por la prestación y el uso de las instalaciones deportivas de una subida del 0,5%, suponen una contrariedad con hacia el fomento de estas instalaciones que de por sí ya tienen un precio bastante elevado.
Desde la asociación se vuelve a denunciar que otra vez subir el IBI, sin adecuar antes los valores catastrales a la realidad del mercado inmobiliario, supone elevar el tipo impositivo al doble y por tanto la presión fiscal se agrava aún más para el contribuyente. No está justificada esta subida del 9% sobre la base imponible, y menos aún tras la reciente subida temeraria que se hizo en 2017 del 19%. No se puede seguir asfixiando más la economía de los chiclaneros.
En la actualidad hay más de 10.000 personas desempleadas. Tres de cada cinco chiclaneros son pobres, y casi la mitad de la población se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social se nos dicen desde la EAPNM de Andalucía. Un 17,4% de las familias llegan con dificultad a fin de mes, un 3,2% más que el año pasado, y las que llegan dificultad crecen un 22%. Uno de cada cinco chiclaneros está en exclusión social, según informe de Caritas del año pasado ejercicio.
La asociación le recuerda al ahora trifachito PSOE-Ganemos-IU, que en el 2016 hubo más de 83 millones de euros pendientes de cobro en impuestos, la mayor parte procedentes del IBI. Que se hizo en 2017 un Convenio con el Servicio de Recaudación de Diputación pensando que mejorarían la cobranza y reducirían la morosidad que se encontraba en un 24,7%, y la realidad tras 3 años transcurridos de dicho convenio con el servicio de recaudación de diputación, la realidad es bien distinta, los objetivos marcados no solo no se han logrado, sino que continuamos con una alta morosidad por encima del 30, %. Cuestión que habrá que resolver dado que el próximo año vence el periodo pactado de 4 años con Diputación.
La entidad social espera que la actual Corporación Municipal atienda las alegaciones presentadas por los ciudadanos y sus organizaciones, dando su no aprobación definitiva a estas subidas de impuestos.
Invitamos, a que tomen así nota de otros ayuntamientos cercanos como el de Jerez, donde su alcaldesa descartó incrementar la carga fiscal para 2020 a los jerezanos, no contemplando una subida de impuestos.
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