LA ASOCIACIÓN POR UN IBI REAL DENUNCIA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS EXPRESS EN BASE AL PLAN GENERAL DE URBANISMO ANULADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO, INCLUSO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE LA SENTENCIA QUE ANULÓ DICHO PLAN.
La Asociación Por un Ibi Real denuncia la actuación irresponsable e indebida del Gobierno municipal, con el actual alcalde, José María Román (PSOE), y la delegada de Urbanismo, Ana María González (PSOE), a la cabeza, aprobando la concesión de licencias de obra solicitadas y tramitadas con inusitada rapidez poco tiempo antes de recaer la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la nulidad del Plan General de Urbanismo de Chiclana, e incluso con posterioridad a la fecha de dicha sentencia.
Las consecuencias negativas y reclamaciones millonarias que frente al ayuntamiento puede originar dicha actuación han de ser asumidas desde este mismo momento por el Gobierno Municipal en el plano político con la dimisión del Sr. Román y la delegada de Urbanismo, sin perjuicio de las responsabilidades judiciales que se depuren en los Tribunales, ya apuntadas por asociaciones de Chiclana defensoras del Medio Ambiente como Toniza – Ecologistas en Acción.
Tal como ha señalado dicha asociación ecologista públicamente, de haberse estado concediendo licencias desde la anulación del PGOU, tanto autoridades locales como funcionarios municipales, podrían haber estado incurriendo en un delito de prevaricación, bien el tipificado en el artículo 320, prevaricación urbanística, o en el 404, prevaricación administrativa, del vigente Código Penal.
Desde el mismo momento en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentenció a principios del año 2020 la nulidad del Plan General de Urbanismo, el Gobierno Municipal debió paralizar la tramitación de cualquier licencia e iniciar los trámites de la redacción de un nuevo Plan General de Urbanismo que fuera respetuoso con la legalidad y la protección del Medio Ambiente en Chiclana.
Sin embargo hizo lo contrario, inició una carrera contra reloj para tramitar y aprobar infinidad de licencias al amparo del Plan de Urbanismo declarado nulo, incluso con posterioridad a la fecha de la sentencia del propio Tribunal Supremo, acusando sorprendente e injustamente a los defensores del Medio Ambiente en Chiclana de estar en contra de su progreso, todo ello para desviar la atención de los millones de euros despilfarrados con el cuarto Plan anulado, incluido el importante coste del bufete externo de abogados contratado para interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, en una mera huida hacia delante para ganar tiempo, como así ha quedado confirmado al final judicialmente.
Es evidente que todos estos meses perdidos tramitando expedientes urbanísticos en base a un Plan anulado como si no pasara nada, e incluso jactándose de las «oportunidades» que se abrían con la anulación del Plan, desmentidas ahora con la anulación judicial de la licencia para la construcción de 206 viviendas en la Urbanización Playa Sancti Petri 1, y las que le seguirán lógicamente en cascada en los próximos meses, no pueden quedar impunes.
El caos urbanístico en que está sumido Chiclana en la actualidad debe llevar aparejada una respuesta urgente ante los ciudadanos por el Consistorio, asumiendo el alcalde y la delegada de Urbanismo con su dimisión, las responsabilidades directas evidentes que le corresponden en todo este desastre urbanístico.
