LA ASOCIACIÓN INICIATIVA, SOCIAL POR UNA CHICLANA Y UN IBI REAL PRESENTA ALEGACIONES CONTRA EL DERROCHE Y LA SUBIDA RETRIBUTIVA DE LOS CARGOS POLITICOS EN LOS PRESUPUESTOS 2022.
La asociación por un IBI real, ha presentado una serie de alegaciones, reclamaciones y observaciones a las cuentas municipales del presupuesto 2022 aprobados inicialmente por la Corporación el 12 de enero, el cual ha salido a exposición pública el pasado día 19 de enero en el BOP de Cádiz núm. 12.
Una vez más denuncia la asociación por un IBI real, las prácticas oscurantistas y de incumplimientos que viene haciendo gala este Ayuntamiento hacia los principios constitucionales sobre el derecho a la Información y Participación de los ciudadanos en los asuntos que a todos nos afectan como son los presupuestos.
En la presente legislatura, no se ha convocado al Consejo Económico y Social (CES) de la ciudad, es más, incluso no se ha creado dicho consejo donde años atrás se daban a conocer los presupuestos municipales.
La asociación reclama la consignación de una partida para la devolución del IBI que como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por el Tribunal Supremo, se tienen que hacer unos ajustes tanto en el IBI rústico como en el IBI urbano, muy especialmente, de aquellos suelos del diseminado catalogados “suelos urbanos no consolidados” que han pasado ahora a ser rústicos, y por tanto, el Ayuntamiento debe de devolver a los contribuyentes la diferencia del IBI cobrado indebidamente de los últimos cuatro años y que afectan a unos 16.000 vecinos contribuyentes en Chiclana residentes en el diseminado.
Otras de las alegaciones presentadas por esta entidad social, es, que al igual que se tiene que hacer frente a la carga pendiente de pago de los préstamos del Plan de Pago a Proveedores por un importe global de 45 millones de euros, se formule un Plan de Pagos a los contribuyentes que han abonado un IBI indebido, pues se ha cobrado desde el año 2016 como urbano (suelo urbano no consolidado) lo que en realidad era suelo rústico y que se confirma tras la anulación del PGOU en la sentencia del Tribunal Supremo.
Se dice por la delegada de urbanismo en la “Memoria de Alcaldía” que ella presenta y firma en lugar del alcalde, que “es un presupuesto complejo en su confección”; y a continuación manifiesta “supone hacer frente a la carga pendiente de pago de los prestamos del plan de pago a proveedores”, e indica seguidamente “se da la circunstancia en este presupuesto de la anulación del PGOU que lleva implícito unos ajustes en los ingresos derivados del IBI”.
Por un IBI real solicita a la Corporación Municipal, “que tengan la decencia política de devolver de oficio la diferencia del IBI cobrado demás tras la anulación definitiva del PGOU 2016 de todos esos suelos que calificaron como urbanizables y que ahora pasan a ser rústicos”.
Pone de relieve la asociación por un IBI real, que, tras examinar el expediente, observan que “las cuentas municipales “no recogen el Plan Estratégico de Subvenciones”, cuyas normas son de obligado cumplimiento según la Ley de Haciendas Locales. Además “no se destina partida ninguna a la adaptación de edificios y espacios públicos urbanizados para las personas con discapacidad”.
SOBRE EL AUMENTO DE SUELDOS A LOS CONCEJALES DE LA OPOSICION Y LAS AYUDAS A LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES.
En el artículo 30 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2022, observamos perplejos como se han subido el sueldo la Corporación Municipal en un 46,22% las asistencias a plenos ordinarios y de un 25% las asignaciones por asistencias a plenos extraordinarios, en las comisiones informativas, la comisión especial de cuentas y reuniones de la Junta de Portavoces. No entendemos, como en plena crisis económica y sanitaria que venimos padeciendo, a los concejales se les sube el sueldo un 46,22% cuando a los pensionistas y a los funcionarios se les a aplicado una subida del 2%.
Así pues, en el presente año 2022 percibirán todos los concejales de la oposición por el mero hecho de asistir a un pleno ordinario, un pleno extraordinario, una comisión informativa y una reunión de junta de portavoces (unas 15 horas mensuales) la suculenta suma de 1040,00 euros, cuando el pasado año percibían 750,00 euros.
¿Qué justificación o criterios se han tomado?
Estas retribuciones son mínimas, pues en el caso de que se realicen dos o tres reuniones más al mes podrían percibir un total mensual de entre 1440,00€ hasta 1840,00€ por 18 horas al mes de asistencias a plenos, reuniones informativas y junta de portavoces.
Estás han sido las verdaderas razones por las cuales el presupuesto no ha sido aprobado dentro del año en curso teniendo que prorrogarse: “la subida de retribuciones de los concejales de la Corporación” existiendo máximo consenso y, todo ello sin dar publicidad a los medios de comunicación y sin informar a la ciudadanía, al modelo del talante de las Corporaciones franquistas.
Y por si fuera poco la subida de los sueldos de los concejales, también han pactado subirse las ayudas económicas para los grupos municipales, donde establecen una asignación fija de 39.000,00€ por año completo o proporción para cada grupo, y otra variable hasta el límite de la dotación, en función del numero de miembros que componen cada uno de dichos grupos políticos.
Otras alegaciones presentadas por la asociación han sido, alertar al Interventor, sobre la observación de que las cuentas municipales no recogen el “Plan Estratégico de Subvenciones” que son de obligado cumplimiento según la Ley de Haciendas Locales. Además, no se destina ninguna partida a la adaptación de edificios y espacios públicos urbanizados para las personas con discapacidad.
En definitiva, una vez más la Corporación municipal pasa olímpicamente de los derechos de los ciudadanos establecidos en nuestra Constitución Española de 1978 sobre “participacion de los presupuestos municipales”; no dan cuenta del mismo en la fase de elaboración como así se ordena en las leyes de Transparencia Estatal y Autonómica; y no ajustándose al trámite legalmente establecido, ni en sus Bases de Ejecución del propio presupuesto ni en lo dispuesto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
