No sabemos en qué manos estamos hasta que aprueban una tasa de basura
Si alguien no sabía, queriendo o sin querer, en qué manos están los intereses de la ciudadanía, el pasillo de comedia que han protagonizado los dos principales partidos municipales no deja lugar a dudas para que cada contribuyente o no contribuyente saque sus conclusiones.
Desde un partido que avisa de que el Servicio Provincial de Recaudación está enviando notificaciones informativas de cobro de una nueva tasa por el tratamiento de los residuos sólidos -transporte y reciclaje a la planta de Medina- hasta pedir el propio Gobierno local que se paralicen las notificaciones.
Todo ello pasando por una defensa a ultranza por parte del concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, de que la tasa hay que pagarla sea como sea porque lo exige Europa, que no lo es eso lo que exige, sino que se reciclen los residuos con o sin tasa.
El Partido Popular anunció a través de José Loaiza la llegada de las primeras notificaciones a ciudadanos de esa tasa por un servicio que curiosamente se aprobó por el Consorcio Bahía de Cádiz en 2014, siendo alcalde de San Fernando y presidente de la Diputación Loaiza sin el voto en contra de ningún partido que ni siquiera presentaron alegaciones para aclarar el galimatías que han montado.
Los populares defienden desde el primer momento que esa tasa no debe pasarse al ciudadano sino que, como hicieron ellos en 2015, debe pagarla el Ayuntamiento con cargo al presupuesto. Y de hecho, los populares presentaron alegaciones en ese sentidos en los presupuestos municipales de 2016 y 2018, únicos que se han aprobado en este mandato.
Ahora llega lo rocambolesco. Lo primero es que según el Ayuntamiento de Chiclana -la tasa es para Chiclana, San Fernando y Puerto Real- la tasa de 2015 y 2016 no es legal porque el consorcio no tenía facultades en sus estatutos para aprobar y cobrar cantidad alguna, algo que se corrige en 2017.
El Ayuntamiento vecino, pues, dice que no está dispuesto a pagar la de 2016 y que la de 2015 decían los populares de Ernesto Marín que la había asumido el Ayuntamiento, aunque sí está claro que ese dinero no llegó a pagarse.
La pregunta es por qué no se comenzó a pasar el cobro en 2017 y 2018 cuando ya el Consorcio Bahía de Cádiz había cambiado sus estatutos y estaba facultado para cobrarla.
Pues porque los sistemas informáticos que tenían en estos dos años eran como un Windows 95 para mover una película en alta definición y hasta que no han comprado un sistema nuevo no la han podido poner el cobro. Eso sí, con carácter retroactivo.
Otra pregunta más. El PP de Loaiza hizo el pago de 2015 directamente a la empresa que se encargaba de ese servicio. ¿Por qué el Ayuntamiento de San Fernando ha dejado pasar casi tres años para hacerla efectiva cuando no sólo tenía sobre la mesa las alegaciones a los dos presupuestos de 2016 y 2018 del PP y además el interventor del Consorcio Bahía de Cádiz es el mismo que el del Ayuntamiento de San Fernando?
Obviamente el porqué no se sabe pero la conclusión que se saca es que el bipartido PSOE-PA siempre han tenido la intención de que esa tasa la pagaran los ciudadanos y no se les ha ocurrido una salida intermedia para salir del paso, quizá porque como dicen desde Izquierda Unida, están demasiado ocupados haciéndose fotos.
Esa salida intermedia -dentro de lo malo siempre mejor que una tasa con carácter retroactivo desde 2016- la llevó a cabo el Ayuntamiento de Chiclana que en 2016 subió el recibo de la basura un 4 por ciento, enjugando la tasa sin el coste político que está asumiendo ahora la alcaldesa en plena campaña electoral para que voten a Susana Díaz.
Golpe de timón
Una vez que todos los colectivos han alzado la voz protestando y las redes sociales han provocado un tsumani en el que se dice de todo menos bonito -ni siquiera los voceros a sueldo han sido capaces de encontrar argumentos a tanto dislate- el Gobierno local, a raíz de que la versión digital de San Fernando Información publicara que Chiclana iba a recurrir la tasa si no la retiraban, ha virado 180 grados para ponerse de perfil y aguantar el chaparrón.
Conrado Rodríguez, después de llevarse toda la semana defendiendo la tasa -que es verdad que habrá que pagarla pero hay formas y formas- dio un giro y anunció que el Ayuntamiento va a solicitar un informe jurídico para saber sobre la naturaleza de la tasa y si ésta se ajusta a la legalidad.
Un día después -o cinco días después de anunciarse el futuro cobro del aguinaldo- salió a la palestra la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, para pedir la paralización de las notificaciones porque si resulta que los demás pueblos no estaban pagando, no iban a ser los isleños los más tontos. (No es textual).
Cavada recordó que en 2014 se acordó el establecimiento de una tasa que “en primer lugar, se iba a cobrar a tres municipios, aunque a día de hoy, no sabemos si el resto de municipios que forman parte del Consorcio están dispuestos a asumir ese compromiso del 2014”.
Y dice más. “El Ayuntamiento de San Fernando ha venido cumpliendo en tiempo y forma cada una de sus obligaciones”, aunque no se refiere al pago de la dichosa tasa porque esa no se ha pagado y carga las tintas contra otros, como el de Chiclana, que tiene los fondos de la PIE embargados por el impago de 2015 que se comprometió el PP a pagar y que no pagó. Tampoco lo hizo el PSOE que es el que gobierna ahora.
Del pe al pa
El cambio de timón del Gobierno municipal ha sido de órdago porque no sólo encarga un informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que confirmen la legalidad de la tasa, sino que la regidora isleña también ha anunciado que se ha dado inicio a un expediente “para valorar la posición de San Fernando con relación al Consorcio y evaluar el tratamiento más eficiente de los residuos urbanos y de su financiación”.
Cavada reconoce así lo que es un hecho comprobado. La “deficiente” gestión por parte del Consorcio Bahía de Cádiz (CBC) y del Servicio de Recaudación Provincial de la Diputación en relación a la falta de información previa de las comunicaciones que han ido llegado a los vecinos de la localidad anunciando el cobro de la tasa, y también debido “al retraso en el pago de esos recibos”. Y las sorpresas que se puede encontrar si sigue buscando deficiencias.
