La Asociación IBI Chiclana alega los presupuestos 2018 por “incumplimientos”
Denuncian opacidad y desinformación en unas cuentas que superan los 93 millones de euros
La Asociación Iniciativa social por una Chiclana y un IBI real, el pasado 28 de diciembre de 2017, presentó por Registro General de entrada en el Ayuntamiento de Chiclana, dentro de los plazos establecidos, recurso de alegaciones al Presupuesto General Municipal 2018 aprobado provisionalmente en el salón de plenos el 4 de diciembre, y siendo publicado en el B.O.P de Cádiz el 11 de diciembre.
Dicen sentirse obligados a denunciar una vez más, cuestiones de primer orden en cuanto a incumplimientos originados por el gobierno local (PSOE/Ganemos), sobre infracción por parte de la alcaldía de los principios básicos: de transparencia y participación.“Una ciudadanía informada es una ciudadanía activa. Pero la desinformación, la complejidad y la opacidad del destino de 93.357.458 euros para 2018, dinero que pertenece al conjunto de los chiclaneros y chiclaneras, por un lado, y la irresponsabilidad, por otro, nos conduce a la desafección política.
Argumentan, “cuando José María Román, alcalde de la ciudad, y su equipo de gobierno, esquiva el derecho a la transparencia y la participación de la ciudadanía, para que casi 85.000 personas en un municipio desconozca que van a votar 25 en un salón de plenos, la única cultura que se propaga y se potencia en el Consistorio es la del oscurantismo, en contraposición según lo establecido en la Carta Magna (Ley 40/2015 recoge literalmente en su artículo 3.1 el contenido del artículo 103.1 de la Constitución) ”.
Este colectivo afirma, “Un gobierno que se dedica a vender titulares en las portadas de los periódicos, los 365 días del año, y presume de ser “somos la izquierda”, pero que se comporta al igual que un camaleón en busca de los colores perdidos, demuestra ser sólo un gobierno de vibraciones y desalientos.” “Hablar de pluralismo en un municipio donde el borrador a unos presupuestos está bajo llaves y donde se vulneran criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos a través de colectivos y asociaciones legitimadas que también representan una gran parte de los vecinos y vecinas de esta ciudad, nada tiene que ver con la protección de datos y mucho con un Consistorio que se nutre solo del crepúsculo político, dominado por el pensamiento de la mentira y un (mal) Gobierno que sólo pretende aprobar las cuentas con prisas y a lo loco, a espalda de los representados.”
En ese orden también alegan, supuestos incumplimientos hacia el capítulo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
Cita esta asociación, “nos preocupa y mucho, que entre los ingresos para 2018, provenientes del Estado Central (PIE), Comunidad Autónoma (PATRICA) y de los Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) y otros impuestos municipales, el gobierno local destine partidas a financiar “nuevos gastos” y rehúya a reducir el nivel de deuda pública, a sabiendas que deben presentar equilibrio o superávit, sin que pueda incurrir en déficit estructural.”
“Nos parece una autentica locura, que el gobierno municipal (PSOE/Ganemos) no haya tenido en cuenta en el presupuesto general de 2018, los preceptos indicados en la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establecidas en el art. 170.2 apartado 1º del TRLRH: para controlar el déficit público, garantizar la financiación adecuada del sector público y asegurar la seguridad a los inversores. Cuando además, según dato reflejado en la propia web municipal, el plazo medio de pago a proveedores se incumple del mismo modo, pues ha aumentado desde enero de 2016 (92,96 días), hasta septiembre de 2017 (194,84 días), y ahí la Ley es clara, “el plazo al pago a proveedores no puede superar los 60 días.”
También destaca en las alegaciones presentadas, “la incapacidad absoluta del gobierno municipal a la hora de reducir el nivel de endeudamiento de deuda viva, alejándose más cada año de los objetivos marcados de los diferentes planes existentes, como así viene corroborándolo en sus recomendaciones en los distintos informes técnicos el propio intervertor y la viceinterventora municipal en el apartado de conclusiones. Incumplimientos de las medidas previstas, en materia de ingresos y gastos, en el Plan de Reducción de Deuda aprobada el 22 de diciembre de 2015, durante el ejercicio 2016 (cuya Liquidación presentó un endeudamiento por encima del 110 por ciento de los recursos existentes y remanente de Tesorería negativo de 16, 63 M de €) y 2017, e incumplimiento en el Plan de Saneamiento Financiero”, donde inciden literalmente ambos funcionarios de la administración pública “resulta patente la necesidad de potenciar la recaudación, no sólo con el objeto de reducir el importe del dudoso cobro, que alcanza una cifra bastante significativa, sino también para mejorar el ajuste SEC (Sistema Europeo de Cuentas)”
Cabe recordar, que Chiclana la deuda se eleva a unos 20 millones de euros y el Ayuntamiento debe cumplir con el plan de saneamiento para paliar el déficit financiero que soporta. En Diciembre de 2017, el Consistorio recibió la carta de Hacienda sobre el incumplimiento del pago a los proveedores, con el aviso a que, en caso de que no sean suficientes las medidas para pagar a los proveedores, retendría la aportación a través de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), que en Chiclana asciende a algo más de 1,3 millones de euros mensuales.
La asociación por una Chiclana y un IBI real, por esa razón es clara y contundente en sus aseveraciones “no nos sorprendería en próximas fechas una intervención del Ministerio de Hacienda, si se continua incumpliendo con la Ley, como hasta la fecha se vienen haciendo”. “Por ese y otros motivos, solicitamos al gobierno municipal y a la Corporación Municipal al completo, reinicie un nuevo expediente de Presupuesto General 2018, donde se tenga en cuenta las alegaciones y las advertencias de esta asociación”, concluyen.
